La expropiación
petrolera en México fue un acto de nacionalización de
la industria petrolera realizado en el año de 1938, como resultado de la
ejecución de la Ley de Expropiación del año de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución
Mexicana a las compañías que explotaban estos recursos,
mediante el decreto anunciado
el 18 de marzo de 1938, por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
Éste consistió en la
expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías,
estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y, cosas de ese tipo en
general, todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de
Petróleo llamada El Águila (subsidiaria de la Royal Dutch
Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San
Ricardo, la Huasteca Petroleum Company (subsidiaria de la Standard Oil
Company de New Jersey, que se vio afectada a cambiar su nombre Amoco Corporation), la
Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la
Standford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company,
la California Standard Oil Company of Mexico (hoy Chevron Corporation), la Compañía Petrolera El
Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of
Mexico, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation
Company, Clarita Sociedad Anónima y Cacalilao Sociedad Anónima, así como de sus
filiales o subsidiarias, con la promesa de cumplir con los pagos a los
involucrados en el tiempo de diez años conforme a derecho, ya que estas
compañías, constituidas bajo leyes mexicanas, se habían rehusado a acatar la
sentencia emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del
pago de mejores salarios a los obreros y trabajadores de esta industria, la
cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
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